Ayer, la Asamblea Legislativa aprobó con 45 votos la Ley de Simplificación Administrativa. Esta nueva ley permitirá sancionar, incluso con destitución, a un funcionario o empleado público señalado por obstaculizar arbitrariamente los trámites y procedimientos administrativos o incumplir recomendaciones del Instituto de Facilitación de Trámites (INDEFÁCIL), que vigilará la eficiencia de los procedimientos administrativos para promover las facilidades necesarias para los inversionistas.
INDEFÁCIL, es una institución con personalidad jurídica y patrimonio propio adscrita a la Presidencia de la República, creada a través de la nueva ley.
Lo que significa que El Salvador contará con una nueva institución oficial autónoma con independencia financiera. Que velará, por hacer cumplir la eficiencia de los procedimientos administrativos y el mejoramiento del desempeño administrativo de las instituciones, para evitar trámites excesivos impuestos a los ciudadanos que constituyen barreras burocráticas a la realización de los negocios en el país, al desarrollo productivo, así como a la competitividad.
Esta institución vigilará que la administración pública cumpla con la debida atención al público, además de ello establecerá mecanismos para denuncias o reclamos e impondrá sanciones, así como instituirá medios para brindar efectividad a las sanciones.
INDEFÁCIL, contará con un Consejo Directivo que será la principal autoridad de la institución que estará constituida de la siguiente forma:
- Un representante de la Presidencia de la República.
- Un representante de la Asamblea Legislativa.
- Un representante de la Corte Suprema de Justicia.
- Dos representantes de las Alcaldías.
- Dos representantes de las gremiales empresariales.
De acuerdo con los diputados, con esta normativa se les brinda certeza a las empresas en los trámites y se evita que por discreción de los funcionarios o la tramitología de las instituciones, no se pueda acelerar proyectos de inversión. Los legisladores consideran que esto permitirá la creación de nuevas fuentes de empleo y el desarrollo del crecimiento económico.
Los partidos de ARENA, GANA, PCN y PDC son los que votaron a favor de la aprobación de esta nueva ley, por lo que en ese sentido los diputados solicitaron al presidente de la República, que antes de “vetar” la ley, la estudie y que tome en consideración que se hizo en coordinación con representantes del Ministerio de Economía y del Ministerio de Hacienda.
Francisco Zablah, diputado de Gana y presidente de la comisión a cargo del proyecto de la Ley de Simplificación Administrativa, expresó: “Buscamos eliminar la burocracia por completo que mantiene a este país sumido en la economía. Ya se vetó una vez y ahora le pido al presidente de la República que por favor vea que se han hecho todos los cambios que se han pedido, que la analicen bien y que tratemos de sacarla lo antes posible; Es una ley que tiene el espíritu de favorecer la economía de todos los salvadoreños.”
Según el informe de “Doing Business” elaborado por el Banco Mundial anualmente se analizó que la facilidad para hacer negocios en el país en comparación con otras 182 economías, El Salvador muestra un deterioro marcado en este indicador desde la posición 76 de 152 países en 2006 a la 112 de 182 países en 2012.
Según los datos recolectados por el Banco Mundial a 2017 de 190 países, nuestro país está en la posición 129 de los lugares más complicados para iniciar un negocio. Este indicador toma en consideración el nivel de burocracia, permisos de operación, de construcción, pago de impuestos, permisos de funcionamiento entre otros.
De igual manera, es posible conocer el desempeño del Gobierno a través de la opinión de los empresarios y el 76.9% manifiestan que los trámites engorrosos o la ineficiencia administrativa en los procesos, son el principal problema que las instituciones gubernamentales causan en sus actividades comerciales. – Según datos recolectados por FUSADES.
Por lo que la creación y la efectiva aplicación de esta nueva ley contribuiría un avance significativo para la economía salvadoreña.
Esta nueva ley regula aspectos tales como:
- El establecimiento de análisis diagnósticos cada seis meses y análisis sobre los procedimientos y trámites administrativos para verificar su eficacia y diseñar medidas de simplificación.
- Silencio administrativo negativo: se desestimarán casos cuya estimación implique se transfieran facultades públicas a terceros o impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente.
- Silencio administrativo positivo: se estima la petición cuando, ante la falta de resolución expresa de la administración pública en la que se conforme un efecto negativo presunto.
La nueva ley establece además ciertas sanciones en el caso del incumplimiento, tales como:
- Multa hasta en un 5 por ciento de un salario mínimo con relación a la remuneración recibida por el responsable.
- Y, Podrá ser sancionado hasta en dos ocasiones con multa el funcionario o empleado público y esta circunstancia es causal de despido cuando se cometa la infracción por tercera ocasión.
Fuente: Revista Derecho y Negocios
