Los legisladores atendieron el llamado de FUSADES. La ley fue aprobada anoche y plantea hasta 12 años de prisión a custodios por complicidad.
La ley. La Asamblea Legislativa aprobó ayer una ley antiextorsiones que castigaba a operadores de telefónicas con prisión por no colaborar en el bloqueo de señales en penales. Los diputados eliminaron el castigo penal.
Con 78 votos los diputados aprobaron ayer la Ley Especial contra el Delito de Extorsión que contempla sanciones económicas para las operadoras telefónicas y cárcel para empleados del sistema penitenciario que permitan que se cometa el delito de extorsión.
“La presente ley tiene por objeto establecer regulaciones penales y procesales especiales, así como medidas de índole administrativa para la prevención, investigación, enjuiciamiento y sanción penal del delito de extorsión”, establece la normativa en su primer artículo.
El martes la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), a través del Departamento de Estudios Legales (DEL), había criticado que la ley contemplaba penas para los representantes de las operadoras telefónicas.
“Es necesario establecer sanciones a las operadoras telefónicas que no cumplan con la obligación de ayudar a prevenir y combatir el delito de extorsión, pero se considera excesivo para este propósito penalizar con prisión a directores y empleados de las mismas, por lo que debe suprimirse”, expresó FUSADES justo el día en que los diputados sacaban un dictamen favorable hacia la ley, es decir, el pasado martes.
Esa petición tuvo eco anoche en el Salón Azul, ya que por unanimidad de los diputados presentes la ley fue aprobada sin que esta contemple cárcel para los representantes de los operadores telefónicos, pero sí establece sanciones económicas de hasta $755,100 cuando no adopten las medidas técnicas para detener la comunicación telefónica por la que se esté realizando extorsión.
Sanciones penales
La nueva normativa contempla penas que van desde los ocho a los 12 años de cárcel para empleados del sistema penitenciario que sean parte de extorsión desde los centros penales. Eso fue ratificado por el diputado pecenista y presidente de la comisión de seguridad, Antonio Almendáriz.
“El segundo inciso del artículo 9 ya habla de la responsabilidad que tienen todos los funcionarios, no solo del custodio, sino desde el director para abajo porque los celulares no nacen en los centros penales, son introducidos, por lo tanto también hay una penalidad de ocho a 12 años para aquellos que permitieron el ingreso de estos ilícitos y permitan hacer llamada desde centros penales”, manifestó Almendáriz.
Mientras tanto, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, quien, acuerpado de varios oficiales de la PNC, se hizo presente al Salón Azul para la aprobación de la ley, expresó su agradecimiento a todas las fracciones legislativas que dieron vida a la nueva normativa contra el delito de la extorsión.
“Queremos reconocer que después de la discusión, que todos fuimos testigos, se aprueba esta ley contra el delito de extorsión. Este será un instrumento que va a permitir a la Fiscalía como a la Policía perseguir de manera más eficiente y combatir este delito”, dijo Lara.
Otro de los aspectos que destacó el ministro Lara es que con dicha ley se podrá actuar de oficio en casos de extorsión, algo que dejó en duda ayer a algunos diputados que pedían ejemplos.
“Cualquier persona puede hoy llegar a la Policía, a la Fiscalía o a los tribunales a decir que sabe, conoce sobre algún delito de extorsión contra cualquier persona. Es decir que es un delito perseguible de oficio. No es necesario que llegue la víctima a poner la denuncia”, agregó el funcionario.
Dudas sobre ley
A pesar de que la ley especial fue aprobada por los 78 diputados presentes en la sesión plenaria de ayer, el diputado del partido ARENA Ernesto Angulo expresó que tenía dudas si la nueva normativa resolvería el tema de la extorsión desde los centros penales.
“No estoy del todo convencido que esta ley de verdad vaya a ser efectiva; sin embargo, nosotros hemos dicho que vamos a apoyar cualquier propuesta que venga a ayudar en la seguridad de los salvadoreños”, dijo en primer momento el diputado tricolor.
Para Angulo, el Gobierno busca quitarse la responsabilidad que tiene en combatir el cometimiento de delitos. “El Estado está evadiendo su responsabilidad, está evadiendo la obligación que le da la ley de cumplir con las disposiciones legales que existen. Estoy hablando, por ejemplo, de la ley penitenciaria, del Código Penal y Procesal Penal, donde ellos son los encargados, donde ellos son los encargados de evitar que cualquier ilícito entre a un centro penal”, agregó Angulo.
