Abogado pide declarar inconstitucionales los artículos 277 y 277-A del Código Tributario, porque violan principios garantizados en Carta Magna
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia recibió una demanda contra la facultad del Ministerio de Hacienda de divulgar los nombres de personas y empresas con deudas ante el fisco, incluso aquellas que aún se encuentran en trámites legales.
El recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto por el abogado José Homero Cabrera Díaz, quien pide que «sean expulsados del mundo jurídico», es decir, que sean declarados inconstitucionales y se anulen, los artículos 277 y 277-A del Código Tributario.
El abogado demandante argumenta que estos artículos violan el derecho a la seguridad jurídica y a juicio previo que tienen los ciudadanos. Además viola los derechos de avocación y protector del gobernado.
Con ello se refiere a que se viola la seguridad jurídica porque la situación de deuda de algunas personas y empresas se está cambiando, no por un procedimiento regular y legal, sino con una publicación.
La gran mayoría de las deudas que publicó Hacienda, en la primera semana de mayo, se encuentran en apelaciones, procesos de cobro u otros trámites. En otras palabras, no es deuda cuya legalidad esté probada y, por tanto, no es definitiva.
El derecho al juicio previo está relacionado al de seguridad jurídica. El abogado argumenta que mientras no hayan concluido los trámites legales nadie puede ser declarado como deudor. Contrario a lo que hizo el ministerio al usar la frase «información de los deudores del Estado».
Por otro lado en el documento se señala que la Constitución no da autorización a ningún funcionario para que divulgue la lista de deudores del estado. Por ello, los artículos del Código Tributario van en contra de la máxima ley del país.
Uno de sus últimos argumentos es que los artículos violan un principio según el cual una ley no puede aplicarse sobre sucesos que ocurrieron antes de ser aprobada. En el caso del artículo 277-A, este entró en vigencia en julio de 2014, por lo tanto no se pueden publicar deudas cuyo trámite haya iniciado antes de esa fecha.
El Ministerio de Hacienda usó estos artículos para publicar en mayo seis listas con información de 12,519 personas naturales y jurídicas (empresas) que supuestamente deben $372.6 millones al Estado.
Varias gremiales del sector privado criticaron la publicación, ya que la ley habla de deudas firmes, liquidez y exigibles. Esto no aplica para la gran mayoría de casos, en los cuales se detalla que se encuentran en apelación, proceso de cobro o aún faltan etapas de los trámites.
Los artículos
El artículo 277 del código tributario señala que «La Administración Tributaria divulgará a través de los distintos medios de comunicación, los nombres de los sujetos pasivos que posean deudas firmes, líquidas, y exigible».
Por su parte el artículo 277-A expresa que «La Dirección General de Impuestos Internos divulgará extractos de las resoluciones de tasación de tributos y multas, así como las sentencias emitidas por el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos internos y de Aduanas y los fallos de la Sala de lo Contencioso Administrativo sobre esta materia. De igual forma se procederá en aquellos casos que se dé aviso o se remitan a la Fiscalía General de la República. En estos casos se incluirá los nombres de los sujetos pasivos, el valor determinado y los nombres de los funcionarios firmantes».
La demanda fue presentada a finales de mayo ante la CSJ. Se conversó con personal de la Sala de lo Constitucional quien aclaró que el documento fue recibido, pero aún no ha sido revisado por los magistrados.
Queda pendiente que los cinco miembros de la sala acepten formalmente la demanda y luego decidan si Hacienda puede continuar divulgando información de deudas que no son firmes.
Antes, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) calificó la publicación como «irresponsable» por revelar información confidencial que sigue en proceso.
«Es obvio que dicha publicación no pretende de ninguna manera aumentar la recaudación fiscal, sino que ha sido mal intencionada con el único propósito de desprestigiar al sector privado en general», expresó la gremial a la prensa.
La ASI además detalló que la publicación obedece a una estrategia para distraer la atención de la población de la crisis de inseguridad.
La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES) también se pronunció calificando de malintencionada la publicación de Hacienda.
«Consideramos que el gobierno no puede acusar de deudor a una persona jurídica o natural mientras su caso aún se encuentre en proceso de apelación y no se haya declarado firme y exigible la deuda que tiene con el Estado» publicó la Cámara en un comunicado.
«Lo que llama nuestra atención en esta oportunidad es la condena moral que se establece en la publicación aludida, violando el principio de presunción de inocencia y confidencialidad» añadieron.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), por su parte, consideró la acción como un caso de persecución política. Al mismo tiempo solicitó a instituciones de gobierno que también denuncien y persigan casos de corrupción de exfuncionarios públicos. Casos ante los que no se ha pronunciado. Esta gremial dio a conocer una carta que Hacienda envió a algunos empresarios, retractándose de calificarlos como deudores cuando el proceso aún no ha finalizado. Sin embargo esa información fue negada rápidamente por el titular de Hacienda, Carlos Cáceres.Aeroman inició la construcción de su hangar con una inversión de 55 millones de dólares, proyecto forma parte de su plan de expansión. Este hangar contará con un área de 20,000 metros cuadrados, lo que implica sería uno de los hangares más grandes de Latinoamérica.
El plan de expansión de la empresa consistirá en dos fases, en donde Aeroman pretende invertir 120 millones de dólares. Para la ejecución de este plan, Aeroman «requirió un área de terreno adicional al interior del Aeropuerto Internacional de El Salvador de aproximadamente 167,000 metros cuadrados, en el que se están desarrollando nuevos hangares con sus respectivas áreas de apoyo», indicaron representantes de la compañía.
La robusta inversión del quinto hangar incluirá, adicional a los 20,000 metros cuadrados, una calle de rodaje, plataformas para el uso de hangares y la rehabilitación y mejora de la calle de acceso Luis Ángel Firpo. De acuerdo a Ernesto Ruiz, presidente de la junta directiva de Aeroman, esta primera fase estará finalizando a inicios del segundo semestre de este año. Explicó que para agosto el hangar estará terminado y se espera que para septiembre ya inicie sus operaciones.
La importancia de esta nueva infraestructura es que Aeroman aumentará su capacidad instalada en un 65%; esto significa que pasará de las 12 líneas de producción, que posee actualmente, a 20 líneas.
Fuente: El Diario de Hoy
